Reconocimiento y reparación a las víctimas de sufrimientos injustos producidos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, en el contexto de la violencia de motivación política sufrida en el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978, que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, de 12 de junio.
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