Reparar y dar protección y asistencia integral a las víctimas directas de acciones terroristas y a sus familiares y allegados en los términos previstos en la Ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo y en el Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo.